La (in)justicia de la ley

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La justicia (o injusticia) de la ley supone un debate siempre abierto que, por su importancia, ha de estar sometido a permanentes revisiones. En él la filosofía debe ocupar un papel predominante.

¿El derecho y la ética se excluyen o se complementan? ¿Ha de ser la justicia una característica necesaria de toda ley? Algunos apuntes sobre un debate que no pierde actualidad.

Por Carlos Javier González Serrano

Son tiempos convulsos desde el punto de vista político, económico y social. A través de periódicos y boletines de noticias se alertan cada día sobre los distintos riesgos: el cambio climático, desaceleración económica, populismos de izquierda y derecha… En este difícil contexto, una de las respuestas posibles es acudir al Estado para defender las libertades y derechos adquiridos a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, los ciudadanos no siempre encuentran el respaldo esperado en las leyes, y denuncian que la Justicia, con mayúscula, ha pasado a estar de parte de los más poderosos; así hacen suyo uno de los pensamientos fundamentales que Aristóteles expuso en el Libro I de la Política: «Algunos convierten todas las facultades en crematísticas, como si ese fuera su fin, y fuera necesario que todo respondiera a ese fin».

Política, de Aristóteles, en edición de Tecnos.
Política, de Aristóteles, en edición de Tecnos.

También fue Aristóteles quien se refirió a la ciudadanía como aquella condición que daba la oportunidad a un ser humano para «participar en la función deliberativa o judicial». Es decir, los individuos que componen una polis no reciben el título de ciudadano por habitar un mismo lugar, ni siquiera por estar sujetos a los mismos deberes o disfrutar de los mismos derechos, sino por llegar a participar en el poder. Como también consideraba Tucídides, todos reunidos, «mezclados con los mejores», son útiles a las ciudades. De esta forma, la «vida buena» y las acciones virtuosas –conceptos que tan en profundidad estudió el estagirita– no consisten en la conservación de una mera estructura o en el respeto formal a una serie de reglas, sino en la decidida apuesta por un modo de vida enfrentado con los planes que los diferentes grupos sociales, por separado, intentan imponer a la ciudad como fin supremo, sin otro propósito que la satisfacción de sus propios deseos. Y es que en aquella Grecia de Aristóteles también rastreamos ciertos abusos que tan familiares nos resultan: «A causa de las ventajas que se obtienen de los cargos públicos y del poder –aseguraba sin tapujos–, los hombres quieren mandar continuamente, como si el poder procurase siempre la salud a los gobernantes».

Los individuos de la polis no reciben el título de ciudadano por habitar un mismo lugar, ni por estar sujetos a los mismos deberes o disfrutar de los mismos derechos, sino por llegar a participar en el poder

Debido a este último peligro, es necesario que exista un órgano que juzgue sobre lo conveniente y justo entre unos y otros. Pero, avisa Aristóteles, «la mayoría son malos jueces acerca de las cosas propias», pues juzgan mal lo que se refiere a sí mismos. En cualquier caso, la ciudad no debe ser una comunidad destinada exclusivamente a impedir las injusticias entre individuos o para facilitar el intercambio económico –si bien son aspectos necesarios–, sino para «vivir bien, con el fin de una vida perfecta y autárquica». En definitiva, una ciudad deja de serlo cuando pierde una misma creencia en lo que es bueno para todos, no solo para una parte de sus habitantes.

¿Moralizar desde el tribunal?

Una de las cuestiones más debatidas a lo largo de la historia del derecho, la filosofía o la sociología, y que aún levanta ampollas, es la de si el Estado debe encargarse no solo de impartir justicia, sino también de infundir moralidad en los corazones. Si hace algunos siglos se consideraba que la mayor parte de los peores delitos tenían por causa los excesos de las pasiones, el paradigma cambia progresivamente y, debido a los avatares sociales a los que se enfrentan en la actualidad las sociedades occidentales, también –y sobre todo– se cometen crímenes en nombre de la necesidad.

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Las normas jurídicas no son las únicas a las que nos vemos sometidos: también están las del trato social y las de moral.

El derecho, tal y como se entiende hoy día, es un sistema normativo cuya función fundamental es la de organizar la sociedad de acuerdo con determinados criterios expresados a través de normas de convivencia. Por ello, los tribunales no deberían funcionar como púlpitos (al menos, no conscientemente), sino como dispensadores objetivos de justicia. Sin embargo, aquellas normas jurídicas no son las únicas a las que nos vemos sometidos: también podemos distinguir las reglas del trato social (a las que Kant englobó bajo el nombre de «pragmática») y, más allá, la moral. En la Introducción a la Filosofía del Derecho de Gregorio Peces-Barba, se lee: «La distinción entre Derecho y Moral no debe dificultar el esfuerzo por constatar las conexiones entre ambas normatividades en la cultura moderna, ni la lucha por la incorporación de criterios razonables de moralidad en el Derecho, ni tampoco la crítica desde criterios de moralidad al Derecho válido».

Los tribunales no deberían funcionar como púlpitos (al menos, no conscientemente), sino como dispensadores objetivos de justicia

A pesar de que contar con una buena teoría es importante, esta no siempre se traduce en una buena práctica. Así, podemos preguntarnos qué sucede cuando determinados formaciones no judiciales (plataformas sociales, sindicatos, asociaciones benéficas, etc.) denuncian la injusticia de alguna ley o su dudosa o incorrecta aplicación. Además, hay que tener muy en cuenta que el derecho cuenta con una ventaja fáctica sobre el resto de conjuntos de normas: tiene de su lado el poder de la coacción, aprobado, hay que recordarlo, por los ciudadanos de una sociedad.

Es interesante plantear que, para Kant, el derecho queda cumplido de manera satisfactoria por la legalidad misma, o lo que es lo mismo, en base a la obediencia externa a la norma, por mucho que en nuestro fuero interno estemos en desacuerdo con ella. Por otro lado, damos con el orden moral, que sí exigiría una adhesión interna al propio deber, aunque para alguien como Elías Díaz, profesor y filósofo del Derecho, también en este «lo deseable es lograr esa adhesión interior a la norma, disminuyéndose así las posibilidades de incumplimiento».

Para Kant, el derecho queda cumplido de manera satisfactoria por la legalidad misma, o lo que es lo mismo, en virtud de la obediencia externa a la norma

La justicia como necesidad

En su Invitación a la filosofía, el célebre filósofo francés André Comte-Sponville se pregunta si es posible que alguien no considere (absolutamente convencido) que la justicia es preferible a la injusticia. Para este pensador, moral y política no se oponen, «pero que la moral no basta para lograr la justicia es una evidencia que demuestra que moral y política tampoco pueden confundirse». Así, la pregunta que se plantea es la siguiente: ¿cómo elaborar, a través de un ejercicio ciudadano y político prudente y responsable, un catálogo justo de leyes?

Sobre la paz perpetua, de Kant, en Akal.
Sobre la paz perpetua, de Kant, en Akal.

El propio Kant, en el apéndice a su escrito Sobre la paz perpetua, no duda en afirmar que la auténtica política no debería dar un paso sin haber rendido antes pleitesía a la moral, «y aunque la política es por sí misma un arte difícil, no lo es, en absoluto, la unión de la política con la moral». Se muestra incluso más tajante algunas líneas después: «El derecho de los hombres debe mantenerse como cosa sagrada», por muchos que fueran los sacrificios –puntualiza– que tuviera que hacer el poder dominante para mantener tal sacralidad. En última instancia, la política debe obedecer al derecho… siempre que este, como deseaba Kant, estuviera basado en la moralidad, y por lo tanto, en el deber.

Estas concepciones más o menos puristas chocan de bruces contra aquellas otras que parecen imponerse, o que nos imponen, en la actualidad. Desde partidos políticos y organismos europeos y mundiales se apela a la solidaridad de los ciudadanos para respetar leyes que perjudican notoriamente a las capas menos favorecidas de la sociedad. El poder económico, al que Aristóteles tanto temió y al que tantos reparos puso –en el Libro I de la Política– cuando se convierte en un puro afán de enriquecimiento material, parece haber tomado las riendas de los códigos legales. Los tribunales de justicia, proclamados independientes de cualquier facción política, financiera o social, se ven de este modo contaminados por la aplicación de leyes injustas, hasta el punto de que los propios jueces no pueden más que justificarse, paradójicamente, explicando que tan solo «aplican la ley».

Pero también encontramos voces críticas al respecto, como la del filósofo del derecho Felipe González Vicén, quien no dudó en afirmar que «mientras que no hay un fundamento ético para obedecer al Derecho, sí hay un fundamento ético absoluto para su desobediencia». Ya sea por su estructura formal o por el contenido de los códigos legales, el Derecho no puede exigir taxativamente su cumplimiento. En una línea que se puede denominar kantiana radical, González Vicén aseguraba que no hay razón ética para seguir una ley que no es constitutivamente moral. En la misma senda, Martin Luther King aseguraba que «quien infringe una ley porque su conciencia la considera injusta, y acepta voluntariamente una pena de prisión, a fin de que se levante la conciencia social contra esa injusticia, hace gala, en realidad, de un respeto superior por el derecho».

«Mientras que no hay un fundamento ético para obedecer al Derecho, sí hay un fundamento ético absoluto para su desobediencia», afirmaba el filósofo del derecho Felipe González Vicén

Tal vez hubiera que comenzar por hacer un ejercicio socrático y preguntarse qué es una ley, qué es la justicia y qué la moral, y tras haber obtenido respuestas, reabrir el debate sobre la-justicia-de-la-ley. En cualquier caso, se trata de un debate que, por su importancia, siempre ha de estar abierto y en que debe ocupar un papel predominante la filosofía, en su faceta de reflexión crítica sobre el presente.

7 argumentos de autoridad

«Todos los hombres tienen iguales derechos a la libertad, a su prosperidad y a la protección de las leyes». Voltaire

«La libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente, pensar y hablar sin hipocresía». José Martí

«¿Cómo se puede decir a un hombre que tiene una patria cuando no tiene derecho a una pulgada de su suelo?». Henry George

«El hombre honrado es el que mide un derecho por su deber». Herni Dominique Lacordaire

«La libertad es el derecho a hacer lo que las leyes permiten». Montesquieu

«Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes». Marqués de La Fayette

«El derecho y el deber son como las palmeras: no da frutos si no crecen uno al lado del otro». Félecité de Lamennais

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